Edición 83

La consolidación de un modelo de ordenamiento y de ocupación de suelo más justo y sostenible es el reto que tienen los mandatarios locales y regionales. Para responder a este, deben contar con instrumentos sólidos que les permita desarrollar el territorio, garantizando sostenibilidad económica, social y ambiental. 

 

editorial

 

Por Alejandro Callejas Aristizábal 

 

En temas de ordenamiento territorial Bogotá se rige por la misma norma desde el año 2004. Desde entonces han existido varios intentos por formular un nuevo POT que actualice y dé las herramientas legales y urbanísticas que permitan un desarrollo equilibrado y sostenible para el  Distrito Capital.

 

En este sentido es absolutamente necesario que como sociedad podamos concertar una carta de navegación que permita visualizar la ciudad que queremos, al mismo tiempo que actualice los estudios, mapas y análisis que se han ido realizando hace más de 20 años.

 

Ahora bien, entendiendo que esta tarea de concertación no es nada fácil y seguramente se tomará su tiempo, los planes parciales se convierten en un mecanismo idóneo para intervenir piezas de ciudad de manera organizada y sostenible, al mismo tiempo que son el detonador en generación de empleo que necesitamos para reactivar la economía.

 

Además de que este instrumento articula los objetivos de ordenamiento territorial planteados por el POT con los instrumentos de gestión del suelo y de financiación del desarrollo urbano en piezas determinadas de la ciudad, es un mecanismo de ordenamiento incluyente que le permite a la administración dejar en los privados las cargas para desarrollar las piezas de ciudad, y enfocar los recursos en otras necesidades.

 

Hoy Bogotá cuenta con 46 planes parciales adoptados que no han finalizado su desarrollo, lo que se traduce en un potencial de aproximadamente 160 mil unidades de viviendas, de las cuales más de 77 mil son del segmento de vivienda social (39 mil VIP y 38 VIS). Llevar a cabo la construcción de estos proyectos generaría alrededor de 367 mil empleos directos, 408 mil indirectos y más de 22 billones de pesos en demanda de insumos. Una vez estén finalizados, estos planes parciales le pueden representar a la ciudad alrededor de 270 mil millones de pesos anuales por concepto de impuesto predial.

 

Estas cifras cobran especial relevancia ante la coyuntura que enfrentamos por el Covid-19. La ejecución de estos planes parciales será fundamental para la generación de empleo, la demanda de insumos y para dinamizar a más de 30 subsectores, por lo que sin duda impulsará la reactivación económica de la ciudad.

 

Pero el dinamismo y los beneficios no son solo en el plano económico, pues el impulso al desarrollo urbano que permitirán estos planes parciales es muy positivo para la ciudad: financian la construcción de vías y parques, cuyo desarrollo será por cuenta del sector privado, y generan suelo para equipamientos, ya que es requisito obligatorio para su desarrollo la cesión de estas áreas. Los 46 planes parciales mencionados aportarán a la ciudad más de 320 hectáreas de suelo ambiental y para espacio público, más de 312 para vías y cerca de 85 hectáreas para equipamientos de ciudad.

 

Los planes parciales de desarrollo y de renovación urbana representan un gran potencial para el progreso de ciudad y un motor para la reactivación económica que se requiere en este momento, y estamos seguros de que con un trabajo en equipo y articulado entre el sector público y el privado,  podremos sacar adelante el ordenamiento que beneficie a la ciudad.