Edición 95
 
2022 se ha caracterizado por un ambiente de incertidumbre para todos los ciudadanos y en especial para los sectores empresariales. Primero fue el panorama electoral y luego la volatilidad del precio del dólar, y entre todo esto Bogotá particularmente enfrentó la suspensión provisional de su Plan de Ordenamiento Territorial (POT) que apenas había sido decretado en diciembre pasado y del que no se había logrado avanzar en la reglamentación, un pendiente con el que nació, haciendo imposible la expedición de licencias para proyectos de vivienda nueva con la norma propuesta. 
 
 
editorial
 
 
La decisión judicial obedeció a criterios netamente procedimentales, y solo en este ámbito se definirá el futuro de este POT; pero mientras tanto, resulta valioso abrir de nuevo la discusión sobre cómo se debe plantear un modelo de ordenamiento.
 
Lo primero es recordar que el POT no es un proyecto que pertenezca a un mandatario. Mal hacemos al referirnos al “POT de Peñalosa” o al “POT de Claudia López”, es la muestra clara de la politización de un instrumento que debe ser construido bajo estadísticas, proyecciones y estudios técnicos, de manera que prime la objetividad y la realidad del territorio. Se trata del POT de Bogotá, de la hoja de ruta de desarrollo de los bogotanos, y cualquier decisión que se tome al interior de una administración y del propio Concejo de Bogotá debería regirse estrictamente por estos criterios.
 
Lo segundo es que el POT brinde seguridad jurídica para las actuaciones propias de las actividades que se realizan dentro de la ciudad. Aquí se trata de que cada sector productivo se pueda desarrollar de manera sostenible y pueda aportar, además, al bienestar de los ciudadanos, que es el objetivo final que debería perseguir el ordenamiento. El sustento técnico es el que brinda esa seguridad jurídica, pues proporciona normas claras que no quedan a la discrecionalidad de un funcionario, sino que enmarca las decisiones en estándares legales y legítimos que le inyectan seguridad a las inversiones.
 
Actualizar la norma de ordenamiento significa, entre otras cosas, armonizar el desarrollo con los elementos de la estructura ambiental, y en esto deben aparecer nuevas herramientas que más que aislar estos elementos, los proteja integrándolos al desarrollo. El POT debe encargarse de unir a la sociedad en la importancia de hacer sostenibles los servicios ambientales y de mostrar las oportunidades y el valor que representa la adecuada preservación.
 
Los anteriores son argumentos sobre los que hemos trabajado desde el Gremio y han sido los principios de la participación en la construcción del mejor modelo de planeación para Bogotá. También son las ideas sobre las que vale la pena reflexionar mientras en los estrados judiciales se definen si continuamos con el Decreto 190 o retomamos el 555, razón por la cual sugerimos respetuosamente a todos, especialmente a la administración, avanzar en la reglamentación con el fin de estar preparados técnica y jurídicamente para construir a partir de cualquiera de las dos opciones. 
 
Desde el Gremio seguimos en la disposición de trabajar de la mano con la administración para lograr que la ciudad cuente con la mejor norma de ordenamiento posible y para seguir construyendo juntos la ciudad que todos nos merecemos. 
 
 
Por Alejandro Callejas Aristizábal
Gerente de Camacol Bogotá y Cundinamarca